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Como Presidente del PDP y padre de una familia amenazada por el EPP

 

LE EXIJO A HORACIO CARTES QUE DENUNCIE PENALMENTE A LOS POLÍTICOS QUE SEGÚN SU GOBIERNO APOYAN EL TERRORISMO

 

En un momento en que el Paraguay está de luto por el ataque de la banda criminal autodenominada EPP que se ha cobrado las vidas de ocho compatriotas caídos sirviendo al país, la mayoría de los paraguayos coincidimos que es tiempo de dolor y unidad, y esperamos del Gobierno humildad y autocrítica.

El presidente Cartes ha respondido como siempre, con soberbia, sin asumir error alguno, sin anunciar cambios ante los reiterados fracasos de una política que ubica a su Gobierno como el que más favoreció la consolidación de esta organización que hoy además de terrorista se vincula al narcotráfico y al crimen organizado en general.

En un intento de distraer la atención de su propia incapacidad, Cartes  y sus voceros acusan a opositores, a quienes cuestionamos su política de seguridad, de tener vínculos con los terroristas. Cartes, en medio del luto y dolor de todo un pueblo, cuando se necesita un estadista que convoque y que nos una a todos en grandes consensos para enfrentar esta situación crítica, sigue con su lógica electoral de amigos y enemigos que marcó estos tres años de Gobierno.  La lógica de la división de la sociedad, de la persecución de los enemigos y la impunidad total para los amigos. 

La descalificación de quienes criticamos ya empezó antes. Cuando un grupo de senadores, entre ellos Santa Cruz, Giuzzio, Wagner y Desirèe Masi reclamaron un debate sobre la Ley 5036/13 de la FTC, por las denuncias sobre irregularidades en el uso del dinero, la falta de recursos para los soldados y policías, las carencias de municiones,  chalecos antibalas, alimentos y combustible, la falta de mantenimiento a los vehículos, incluyendo blindados y aeronaves, las irregularidades en el pago del sobresueldo, entre tantas más.  Hablamos de recursos fundamentales para un trabajo peligroso, y que si no hubieran faltado a lo mejor no estaríamos lamentando tantas muertes. Sin embargo, por el solo hecho de reclamar este debate transparente, sincero y público, con participación de la gente más afectada, fueron cuestionados duramente por los voceros del Gobierno y aliados del sector privado como la ARP.

La pregunta es, ¿porqué no se puede discutir un modelo que a todas luces no funciona?, ¿que oculta el Gobierno con tanto celo?  Es llamativo porque en la zona del EPP no solamente están ellos, también se trafica drogas, armas, y cigarrillos. Comparten la misma ruta.

Cartes y sus voceros están más preocupados por sus proyectos electorales que por la seguridad de la gente. Y por ello no dudan en hacer denuncias infundadas y temerarias, pero al mismo tiempo sumamente graves. No deberíamos ser nosotros quienes tenemos que recordar nuestras credenciales, a pesar de que el Nuevo Rumbo pretende convertir en sospechosos a todos los que no se venden o se someten a sus amenazas y chantajes.

En el PDP está Carlos Arregui, quien fue uno de los fiscales del caso Debernardi, y Arnaldo Giuzzio, quien lideró el operativo en el que fue capturada Carmen Villalba, y no me voy a explayar en mi gestión al frente del Ministerio del Interior durante la cual se lograron decenas de capturas de personas que fueron condenadas y cumplen hoy sus penas, extraditados del exterior integrantes que se habían fugado en gobiernos anteriores y abatidos algunos de los principales líderes de esta organización criminal.

Es de público conocimiento,  que esto me valió reiteradas amenazas que fueron públicas y alcanzaron en forma directa incluso a mi familia, hasta a mi hijo entonces menor de edad. Además, en los últimos años, ya con este Gobierno, fui testigo convocado por la fiscalía en juicios contra miembros del EPP, hoy condenados. En un hecho insólito, que no creo que tenga precedentes, personas procesadas, algunas hoy condenadas, por su participación en crímenes del EPP, incluso me demandaron civilmente por miles de millones de guaraníes. A pesar de la evidente improcedencia de la acción, el juzgado tardó más de cinco años en rechazar la demanda.  Hasta ahora no entiendo la dilación de la sentencia cuyo plazo vencía en el 2013, pero tardó 3 años en redactarse.

Todo esto ignora el Gobierno de Horacio Cartes?? El que tiene la obligación de la seguridad del país y de las potenciales víctimas de esta organización.  Como paraguayo y como padre de familia soy uno de los tantos que vive angustiado por la seguridad de mis hijos y seres queridos, y sobre todo por la condición de mi familia de víctima potencial.  Cuando el Gobierno acusa a opositores de vínculos con terroristas, ¿cómo queda la seguridad de estas personas? Si a alguno le pasa algo en un “confuso episodio”, ¿cuál va a ser la versión de las autoridades? ¿Estaban en cosas raras?

Las afirmaciones del Presidente son ridículas y temerarias, y por eso justamente hay que tomarlas con mucha seriedad y preocupación.

Por estas razones, le exijo a Horacio Cartes que denuncie penalmente a quienes según su Gobierno tienen vínculos con esta organización criminal, que asuma responsablemente sus propias acusaciones y las de la comparsa que le acompaña.

Caso contrario, que es lo que supongo que va a pasar, esta bravuconada se va a sumar a tantas de un presidente charlatán que con su incapacidad solo suma dolor y luto a las familias paraguayas.

Asunción, 28 de agosto de 2016

 

 

Rafael Filizzola Serra

Presidente

 

Partido Democrático Progresista

 

El Partido Democrático Progresista por este medio expresa su homenaje a nuestros compatriotas: subteniente de Caballería Félix Fernando Fernández Duarte, vicesargento primero Genaro Dejesús Arias Palacios, sargento primero de Infantería Robert Fabián Cañete Pereira, suboficial primero de Transporte Lucio Dejesús Torrasca Galván, sargento segundo Sergio Daniel López, sargento primero de Infantería Eder Arias, sargento primero de Infantería Hugo Candia y vicesargento primero de Infantería Pablo Arias, asesinados cobardemente en un atentado de la banda criminal autodenominada EPP ocurrido en Arroyito en el día de la fecha.

En este momento todos nuestros sentimientos están con los familiares y seres queridos de nuestros compatriotas caídos en servicio a la patria, expresamos nuestras condolencias a sus familias y a sus camaradas de las Fuerzas Armadas de la Nación.

También es un momento de indignación. No podemos dejar de referirnos a los reiterados reclamos al Gobierno en materia de seguridad.  No obstante haber recibido todo el respaldo del Congreso y el mayor presupuesto en la historia en seguridad, la política del presidente Cartes en esta materia ha sido un fracaso. A lo largo de estos 3 años de su gestión como nunca antes el EPP ha producido secuestros, ataques y homicidios, que superan de lejos todas sus acciones en décadas de existencia, todo esto en medio de un inédito Estado de Excepción de facto, de más de 3 años de duración, con una inversión multimillonaria nunca informada debidamente.

A pesar de todo esto, el presidente Cartes ha optado por no escuchar cuestionamientos, incluso descalificarlos y en consecuencia seguir con el rumbo que nos ha llevado a tanto luto y dolor.

Este último atentado refleja la realidad del combate al EPP. Mientras los jefes de las Fuerzas Públicas a cargo del operativo se benefician de buenos salarios, una estadía cómoda lejos de todo peligro, a veces incluso sin ir al Norte; el personal que expone sus vidas, militares y policías de menor rango, pasan todo tipo de necesidades y privaciones.  El dinero que no llega, que queda por el camino, es el que falta para la compra y el mantenimiento de los blindados y otros vehículos, de las municiones, del apoyo aéreo, entre otras carencias.

Lo más grave de todo es el desinterés y la falta de liderazgo al más alto nivel. La responsabilidad de la seguridad del país corresponde al presidente Cartes, quien además está a cargo directamente de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), conforme lo dispuesto en la Ley 5036/13.  La ausencia de resultados y el incremento de la violencia demuestran la ineptitud del presidente Cartes en el ejercicio de una de sus funciones más importantes en el cargo, la de Comandante de las Fuerzas Públicas.

El país está de luto, pero lo más grave es que mientras no se tomen medidas correctivas urgentes la situación va a seguir empeorando.

Horacio Cartes se debe decidir a cumplir sus funciones, o dejar el cargo para que otro lo haga.

Asunción, 27 de agosto de 2016

  

Rafael Filizzola Serra

Presidente

Tras meses de incertidumbre, finalmente los británicos votaron mayoritariamente abandonar la Unión Europea. 

Las estimaciones anticipaban un final ajustado, reflejo de una sociedad profundamente dividida sobre la integración.  De hecho, el Reino Unido no forma parte de los seis estados fundacionales de las comunidades europeas establecidas en los tratados de París y Roma de 1951 y 1957 respectivamente. Se habría de sumar recién con la primera ampliación en el año 73. El Reino Unido además mantuvo varias reservas, entre ellas conservar su propia moneda.

La decisión de los ciudadanos del Reino Unido zanja en consecuencia un debate entre europeístas y euroescépticos que se remonta a los inicios mismos del proceso de integración en el viejo continente en los años posteriores a la II Guerra Mundial.  Al mismo tiempo, inicia un nuevo debate sobre la implementación de esta decisión y el futuro relacionamiento de los británicos con Europa.

El referéndum fue una apuesta política del primer ministro Cameron, arriesgó mucho y le salió mal. Los críticos de la integración ganaron pero sin un proyecto alternativo.

Los vínculos políticos, económicos, comerciales, en política exterior y seguridad, que se dan en el marco de la compleja arquitectura política y jurídica de la Unión Europea aventuran un proceso complejo y largo para llevar a la práctica una decisión que se reduce a más votos por un simple “no”. 

De hecho es difícil imaginar que la salida de la UE signifique la desvinculación del Reino Unido del proceso integrador.  Hasta aquellos países europeos como Noruega, que no forman ni formaron parte de la UE, tienen derechos y obligaciones comunitarios que han ido asumiendo al adherirse a acuerdos puntuales. 

Nadie puede cuestionar la legitimidad de la decisión, el principio democrático de la mayoría se impuso tras un intenso debate y con una alta participación.  Sin embargo los márgenes fueron estrechos y dividieron profundamente al Reino.  En términos territoriales, Escocia, que votó mayoritariamente por permanecer ya anticipó un eventual nuevo referéndum sobre su independencia.  Poblacionalmente también dividió generaciones, al decir de Felipe González “los jóvenes han votado por su futuro en Europa y han perdido. Han perdido por la decisión de los mayores. Gran paradoja interna: El futuro lo deciden los que no lo tienen”.

El primer ministro Cameron, quien defendió la permanencia como un legado de su gobierno, ya anunció su renuncia, lo cual resulta coherente con su posición y además lógico: no puede liderar un proceso con el que está en desacuerdo.  Los principales líderes europeos ya pidieron al Reino Unido una “salida rápida”, asumiendo que esta decisión marca un punto de inflexión en un momento que se cuestiona el proceso integrador y en el que sus países miembros están en una crisis cuyo final no se ve cercano.

¿Qué viene ahora? El Brexit es un hecho, no hay vuelta atrás, pero pocos pueden estimar que va a significar exactamente en términos prácticos.

La integración  fue en sus inicios no solo un gran  esfuerzo por reconstruir Europa tras la devastación de una guerra que destruyó el continente sino sobre todo sentar las bases para una paz duradera que supere una historia de siglos de contiendas bélicas.  Con estos antecedentes es difícil imaginar el fin de este sueño, sino más bien un momento difícil que como tantos probablemente sea superado con más liderazgo, más integración y sobre todo reformas necesarias. 

 

Finalmente, las personas nos podemos mudar de barrio pero los países no pueden cambiar de continente.

 

24/06/2016

 

 

POSTURA DEL PDP ANTE UNA SENTENCIA ANUNCIADA

 

 

 

A lo largo de estos meses del Juicio por la Masacre de Curuguaty hemos asistido a una presentación interminable de testimonios con los que la fiscalía pretende que se condene con severidad a varios compatriotas por los homicidios cometidos en ese trágico día.

Sin embargo, en ninguno de ellos se señalan elementos concretos que vinculen a alguno de los acusados con las muertes. Esto se suma a la ausencia de las pruebas científicas más elementales que deben sustentar un proceso por homicidio con armas de fuego.

Queda claro que la fiscalía actuó de forma irresponsable, faltando al deber de objetividad, de manera negligente y temeraria.

En efecto, procesaron, encarcelaron y llevaron a juicio a personas sobre las que no existen evidencias concretas, y de esta manera, han evitado que  por medio de una investigación seria y objetiva se llegue a la verdad y se busque a los verdaderos culpables.

Los agentes fiscales, de un total de 17 homicidios producidos solo investigaron 6, siendo que era la obligación del Ministerio Público procesar todos los casos por igual, ya que constituyen un mismo hecho punible.

Tampoco la fiscalía investigó con que fundamentos jueces y fiscales dieron la orden de intervenir con la fuerza pública en un inmueble a pedido de la familia Riquelme, a pesar de que ésta no tiene el título del mismo.

Para los fiscales, los campesinos son invasores pero no la familia Riquelme, que usurpó y obtuvo provechos económicos de esas tierras durante décadas.  Los primeros están procesados, los segundos disfrutando el lucro que han obtenido de tierras que nunca les pertenecieron.

Todas estas irregularidades fueron posibles por la complicidad de fiscales y jueces, que han demostrado con sus acciones que la búsqueda de la verdad nunca fue importante sino más bien proteger intereses ajenos a la obligación de hacer justicia.   El Gobierno de Cartes se ocupó de intentar blanquear la ocupación irregular de las tierras por la familia Riquelme, por una decisión política.

El daño a esta fecha ya es irreparable.  A pesar de la inconsistencia del proceso se ha privado de la libertad y otros derechos procesales básicos a los ciudadanos procesados. Y más grave aún, la condena está anunciada desde el inicio, desde antes que empiece la investigación y el juicio mismo. Esto nos expone como Estado a rendir cuentas ante el sistema internacional de derechos humanos y pagar las consecuencias ante la violación de derechos fundamentales.

La Constitución presume la inocencia de todos los habitantes del Paraguay, la carga de la prueba corresponde al que acusa y la fiscalía no ha podido aportar elementos mínimos para sostener cargos tan graves y pedir las penas más severas de nuestro derecho.  Para los más conservadores, queda el principio de la duda razonable, universalmente aceptado por la doctrina en materia penal, en este caso las dudas son más que razonables, ante la falta de evidencias y el exceso de mentiras.

Lo único que está fuera de debate es que perdimos a 17 compatriotas. En  memoria de todos ellos, campesinos y policías asesinados, el PDP llama a la cordura y pide justicia, eso quiere decir que no se condene a inocentes y que se busque la verdad, QUE LOS CULPABLES NO QUEDEN IMPUNES.

Asunción, 9 de julio de 2016

 

 

 

Rafael Filizzola Serra

 

Presidente

 

En el Día de la Paz del Chaco un homenaje a todos nuestros compatriotas que dieron su vida por el país en uno de los conflictos bélicos más cruentos en la historia de la región.

 

Este día además nos recuerda el valor de nuestro pueblo y todo lo que podemos lograr cuando nos lo proponemos.  

 

Honremos la memoria de nuestros mayores renovando nuestro compromiso por luchar por un país mejor.

 

12/06/2016