En medio de la confrontación entre políticos de diferentes partidos que están a favor o en contra de la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, se le dio poca difusión a una ponencia presentada en un seminario en Lisboa por el senador opositor brasileño José Serra. En la misma sostuvo que el “impeachment” de la Presidenta no solucionaba la crisis y planteó un cambio legal para pasar de un régimen presidencialista a un régimen parlamentarista, como fórmula para acabar con las crisis institucionales del país (El País, 1/04/2016).
La idea no es nueva ni se aplica sólo al Brasil, varios cientistas políticos han analizado los sistemas de partidos y gobierno predominantes en América Latina, desde el siglo XIX hasta nuestros días y concluido que las permanentes crisis institucionales se deben a un problema de diseño constitucional, que se podría salvar pasando del presidencialismo a un sistema parlamentarista, como los que predominan en Europa.
Arturo Valenzuela, en varias publicaciones, sostiene que la mayoría de los sistemas parlamentaristas son estables y en contrapartida, la mayoría de los sistemas presidencialistas, salvo excepciones no lo son. Esto es consecuencia de las dificultades que tiene un presidente electo por voto popular para lograr mayorías parlamentarias, sobre todo en sistemas multipartidistas en los que la representación está atomizada, como en Brasil donde alrededor de 30 partidos se distribuyen las bancas del Congreso.
La realidad nos muestra también que en los sistemas parlamentaristas las crisis se resuelven de manera menos compleja. Cuando un Gobierno pierde mayoría en el Parlamento, sencillamente es reemplazado por otro que logre el respaldo suficiente. En caso que esto no suceda, se llama a elecciones anticipadas.
En las últimas décadas, las crisis entre presidentes y parlamentos en los regímenes presidencialistas en la región se han resuelto de manera traumática e incluso violenta. Desde destituciones vía juicio político, pasando por cacerolazos y movilizaciones, hasta llegar incluso a la intervención militar. Ejemplos tenemos a montones, y en casi todos los países de la región.
Paraguay no escapa a esta realidad. Desde que cayó la dictadura sólo tres presidentes culminaron sus mandatos. Si contamos desde 1870, sólo 10, los demás fueron destituidos en casi todos los casos (Bareiro y Franco fallecieron de causas naturales, Estigarribia en un accidente aéreo) por golpes militares o institucionales, a excepción de Juan B. Gill, que fue asesinado.
En el sistema parlamentarista, siguiendo a Sartori, Valenzuela y Linz, entre otros, la legitimidad democrática reside en el parlamento. La población elije un Congreso que a su vez debe lograr una mayoría para conformar un gobierno estable, que requiere en todo momento del voto de confianza del Parlamento.
En el sistema presidencial existe una dualidad. Tanto el Presidente, como el Congreso tienen la misma legitimidad, y habitualmente se da una tensión entre poderes que si se exacerba sólo se puede resolver con medidas extremas, como el juicio político, o peor aún, la fuerza y el quiebre de la democracia. Habitualmente ninguna salida es buena ni resuelve los problemas de la sociedad.
El dilema en Brasil no es solamente sobre la permanencia o no de la Presidenta. El debate real es sobre si nuestros sistemas de gobierno, inspirados en la Constitución de EE.UU. escrita en 1.787 para un país con una realidad totalmente distinta a la de los países latinoamericanos, van a poder resolver las tensiones políticas y sociales de una manera eficiente y sostenible en el tiempo.
El cambio de régimen no es fácil, el sistema parlamentarista para garantizar estabilidad, parte de premisas que en muchos casos están ausentes en la región, como la existencia de partidos con programas claros y representantes coherentes con ellos.
De todas formas, nuestras experiencias recientes como país y como región, nos exigen analizar reformas que nos lleven a fortalecer nuestras aún frágiles democracias y la consolidación de una institucionalidad capaz de enfrentar con eficacia los problemas políticos, económicos y sociales que afectan a nuestras sociedades.
6/05/2016