La ampliación del Contrato de Tape Porã es sin duda alguna el mayor negociado en décadas y va a afectar incluso a la siguiente generación, HASTA EL AÑO 2053.

Se violaron todas las normas constitucionales que rigen las contrataciones públicas, la libre concurrencia y el principio de la igualdad.

Lo más grave, estamos penalmente ante un caso de administración en provecho propio, donde el Ministro del MOPC favorece a su empresa familiar, parte del consorcio beneficiado. El propio presidente Cartes interviene directamente ofreciendo un viaje y un cargo al hermano de un senador para alterar la votación, lo cual penalmente constituye cuando menos el delito de tráfico de influencias.

Además de todo nos mintieron.  Nos dicen que se va a ensanchar el tramo Asunción - Ciudad del Este cuando solamente se contempla desde Caaguazú hasta Minga Guazú, dejando de lado un tramo aún más crítico como es el acceso al área metropolitana.

Todos queremos que se mejoren nuestras rutas, principalmente aquellas más transitadas y peligrosas.  En este caso el reclamo es que a tres años de Gobierno no se haya hecho nada y que ahora se rompa el Estado de derecho para favorecer a los amigos y parientes con la excusa de la urgencia.  

El Gobierno está a tiempo de evitar este fraude monumental, y al mismo tiempo realizar las obras cumpliendo la ley, por medio de una licitación.  

Este es un reclamo más que razonable.

6/06/2016